Previo a la construcción de la represa de Salto Grande, los gobiernos de
facto de Argentina y de Uruguay acordaron un aporte de capital inicial
idéntico, que alcanzaba en una mínima parte para la construcción de tan
importante obra. Acordaron además que, cuando el dinero aportado se
usara, Argentina aportaría los recursos para terminar la construcción y
que se le repagaría con la energía que tomaría de la represa. El
gobierno argentino cumplió su compromiso y aportó los fondos, los que
obtuvo de préstamos de organismos multilaterales fundamentalmente, por
un monto cercano a los mil millones de dólares que hoy, en términos de
paridades de poder de compra, serían 2.230 millones. El gobierno
uruguayo tuvo entonces que firmar como deudor solidario a pesar que se
mantenía la promesa inicial. La crisis de 1982, debida al quiebre del
sistema de preanuncios cambiarios ("tablita") en febrero de ese año dejó
a Argentina en situación financiera crítica. Cuando el Dr. Raúl
Alfonsín asume la presidencia del primer gobierno democrático tras los
períodos de conducción militar, se enfrentó a esa realidad. Culpando por
el monto de la deuda externa de entonces a actividades ilegales o
ajenas al interés general, el Dr. Alfonsín y su entorno político
hicieron célebre una consigna: "la deuda no se paga". Consecuencia de
ello era que si la deuda no se pagaba, si Argentina entraba en default
como ocurriera, Uruguay debía efectuar el repago. Argentina ya tomaba
energía de Salto Grande desde 1979, por la cual no pagaba según lo que
se había acordado. La situación para Uruguay era compleja y, como en
muchos casos y aún hoy, abusando de su posición dominante y
desconociendo o mal interpretando el contenido de lo convenido
contractualmente, exigía que Uruguay pagase la deuda. Tras largas
negociaciones que insumieron cuatro años y sin dar marcha atrás un paso,
nuestro gobierno logró revertir la situación a la de los compromisos
originales.
COMERCIO Y FINANZAS. Lo anterior viene al caso porque los abusos de
algunos gobiernos de Argentina siguen ocurriendo. Ahora es con el
absoluto y no relativo, desconocimiento de lo pactado en el Tratado de
Asunción. La mejor relación entre el kirchnerismo con nuestro actual
gobierno que la que había con la administración del Dr. Vázquez es, en
términos de resultados, más supuesta que real. Cuando el Dr. Vázquez era
el presidente, el kirchnerismo desconoció la libertad de movimiento de
personas, no evitó e incluso alentó el cierre del puente Fray
Bentos-Puerto Unzué. Fuerte golpe al turismo de temporada, pero también
costos altos de desplazamiento hacia y desde Argentina, tanto de
pasajeros como de mercaderías. Con el Sr. Mujica la situación cambió.
Muchos opinan que ha sido un éxito del Presidente uruguayo el lograr la
apertura del puente y el mejoramiento de las relaciones con Argentina,
de tirantez en los años del Dr. Vázquez. Sin embargo, el avasallamiento a
nuestro país aún existe y es hoy más intenso que en el período de la
administración anterior.
Nuestras exportaciones de mercaderías a Argentina están en plena caída y
no por razones de baja competitividad uruguaya o de crisis de consumo
en ese país. La causa es la inconsistencia de la política
macroeconómica, que lleva a intentar soluciones de segundo o tercer
mejor imponiendo restricciones de toda naturaleza. Las que limitan y
hacen descender nuestras ventas a niveles increíblemente bajos, son por
todos conocidas: declaración previa de importación con alto grado de
discrecionalidad para negarla, controles del administrador tributario y
otras barreras no arancelarias, todos obstáculos con efectos
equivalentes a altos aranceles. Como ya lo mencionara en una columna
anterior, el gobierno vecino no cumple lo comprometido contractualmente
en el Tratado de Asunción y éste no ofrece una institucionalidad seria
que pueda brindar siquiera un atisbo de solución al problema. Brasil,
pese a ser también perjudicado, es por naturaleza y conveniencia, un
cómplice sagaz. El gobierno argentino actual no es confiable. Se puede
pactar algo con alguno confiable, pero siempre aparece otro que se
aparta de lo convenido. Hoy ocurre con lo acordado en el Mercosur, pero
antes sucedió con lo pactado para construir el gasoducto, o para
realizar el dragado del Río Uruguay, o con la propia represa de Salto
Grande. Y seguirá pasando con otros proyectos en común, en cartera o que
se deseen encarar en el futuro.
Uruguay cumple y le da a Argentina una ventaja frente a terceros, pues
al importar sus productos le cuesta pagar más divisas y declinar
recaudación impositiva por derechos aduaneros. Le compramos productos
más caros y en volúmenes significativos, y no cobramos un peso por
aranceles. El margen de preferencia que concedemos debe declinar.
En lo financiero, la inconsistente política macroeconómica que provoca
alta inflación en moneda local y en dólares, debido a que mantiene
anormalmente bajo al tipo de cambio y a la tasa de interés en moneda
local, estimula la fuga de capitales hacia activos financieros y reales
en el resto del mundo y en nuestro país. La preservación de cierto
equilibrio, transitorio y que seguramente culminará con una devaluación
en cierto lapso, agudiza el control del "perro fiscal",
hace olvidar a la Presidenta su amistad con el Sr. Mujica y nos somete
directamente a juicios adversos de autoridades e instituciones a las que
el mundo presta atención. Ya se viven consecuencias del embate
argentino contra inversores en nuestro país.
QUÉ HACER. La evidencia empírica es terminante: en 21 años el Mercosur
no ha funcionado para Uruguay. Nuestros empresarios, trabajadores y en
general todo el pueblo uruguayo merecen un cambio de rumbo de nuestra
política comercial para que se alcance el objetivo que planteaban en
1991 las partes contratantes: que el aumento del comercio provocase el
mejoramiento del bienestar general. El nuevo rumbo pasa por reducciones
graduales del arancel externo para importaciones de fuera del Mercosur;
por acuerdos comerciales de libertad de movimientos de exportación y de
importación con distintas naciones; por acuerdos de complementación
industrial con otros países y por otras cosas por el estilo. Tal cual
primero Aladi, de la que nadie se acuerda, el Mercosur es hoy para
Uruguay un nuevo elefante blanco.
Y en lo financiero el rumbo es más que una abroquelada, pero inútil
defensa, frente a jueces internacionales en instituciones con países que
escuchan más a la Argentina que a Uruguay, una ofensiva criteriosa. Que
muestre que los problemas de los inversores argentinos que vienen a
nuestro país y que acá tributan, son consecuencia de las malas prácticas
macroeconómicas y del avasallamiento que les impone un gobierno que
fomenta la corrupción y el patoterismo y que poco a poco perderá el
delicado equilibrio que día a día requiere más obstrucciones al buen
funcionamiento de los mercados.
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