Gobierno amigo pero no confiable - JORGE CAUMONT

Previo a la construcción de la represa de Salto Grande, los gobiernos de facto de Argentina y de Uruguay acordaron un aporte de capital inicial idéntico, que alcanzaba en una mínima parte para la construcción de tan importante obra. Acordaron además que, cuando el dinero aportado se usara, Argentina aportaría los recursos para terminar la construcción y que se le repagaría con la energía que tomaría de la represa. El gobierno argentino cumplió su compromiso y aportó los fondos, los que obtuvo de préstamos de organismos multilaterales fundamentalmente, por un monto cercano a los mil millones de dólares que hoy, en términos de paridades de poder de compra, serían 2.230 millones. El gobierno uruguayo tuvo entonces que firmar como deudor solidario a pesar que se mantenía la promesa inicial. La crisis de 1982, debida al quiebre del sistema de preanuncios cambiarios ("tablita") en febrero de ese año dejó a Argentina en situación financiera crítica. Cuando el Dr. Raúl Alfonsín asume la presidencia del primer gobierno democrático tras los períodos de conducción militar, se enfrentó a esa realidad. Culpando por el monto de la deuda externa de entonces a actividades ilegales o ajenas al interés general, el Dr. Alfonsín y su entorno político hicieron célebre una consigna: "la deuda no se paga". Consecuencia de ello era que si la deuda no se pagaba, si Argentina entraba en default como ocurriera, Uruguay debía efectuar el repago. Argentina ya tomaba energía de Salto Grande desde 1979, por la cual no pagaba según lo que se había acordado. La situación para Uruguay era compleja y, como en muchos casos y aún hoy, abusando de su posición dominante y desconociendo o mal interpretando el contenido de lo convenido contractualmente, exigía que Uruguay pagase la deuda. Tras largas negociaciones que insumieron cuatro años y sin dar marcha atrás un paso, nuestro gobierno logró revertir la situación a la de los compromisos originales. 


COMERCIO Y FINANZAS. Lo anterior viene al caso porque los abusos de algunos gobiernos de Argentina siguen ocurriendo. Ahora es con el absoluto y no relativo, desconocimiento de lo pactado en el Tratado de Asunción. La mejor relación entre el kirchnerismo con nuestro actual gobierno que la que había con la administración del Dr. Vázquez es, en términos de resultados, más supuesta que real. Cuando el Dr. Vázquez era el presidente, el kirchnerismo desconoció la libertad de movimiento de personas, no evitó e incluso alentó el cierre del puente Fray Bentos-Puerto Unzué. Fuerte golpe al turismo de temporada, pero también costos altos de desplazamiento hacia y desde Argentina, tanto de pasajeros como de mercaderías. Con el Sr. Mujica la situación cambió. Muchos opinan que ha sido un éxito del Presidente uruguayo el lograr la apertura del puente y el mejoramiento de las relaciones con Argentina, de tirantez en los años del Dr. Vázquez. Sin embargo, el avasallamiento a nuestro país aún existe y es hoy más intenso que en el período de la administración anterior.
Nuestras exportaciones de mercaderías a Argentina están en plena caída y no por razones de baja competitividad uruguaya o de crisis de consumo en ese país. La causa es la inconsistencia de la política macroeconómica, que lleva a intentar soluciones de segundo o tercer mejor imponiendo restricciones de toda naturaleza. Las que limitan y hacen descender nuestras ventas a niveles increíblemente bajos, son por todos conocidas: declaración previa de importación con alto grado de discrecionalidad para negarla, controles del administrador tributario y otras barreras no arancelarias, todos obstáculos con efectos equivalentes a altos aranceles. Como ya lo mencionara en una columna anterior, el gobierno vecino no cumple lo comprometido contractualmente en el Tratado de Asunción y éste no ofrece una institucionalidad seria que pueda brindar siquiera un atisbo de solución al problema. Brasil, pese a ser también perjudicado, es por naturaleza y conveniencia, un cómplice sagaz. El gobierno argentino actual no es confiable. Se puede pactar algo con alguno confiable, pero siempre aparece otro que se aparta de lo convenido. Hoy ocurre con lo acordado en el Mercosur, pero antes sucedió con lo pactado para construir el gasoducto, o para realizar el dragado del Río Uruguay, o con la propia represa de Salto Grande. Y seguirá pasando con otros proyectos en común, en cartera o que se deseen encarar en el futuro. 

Uruguay cumple y le da a Argentina una ventaja frente a terceros, pues al importar sus productos le cuesta pagar más divisas y declinar recaudación impositiva por derechos aduaneros. Le compramos productos más caros y en volúmenes significativos, y no cobramos un peso por aranceles. El margen de preferencia que concedemos debe declinar.
En lo financiero, la inconsistente política macroeconómica que provoca alta inflación en moneda local y en dólares, debido a que mantiene anormalmente bajo al tipo de cambio y a la tasa de interés en moneda local, estimula la fuga de capitales hacia activos financieros y reales en el resto del mundo y en nuestro país. La preservación de cierto equilibrio, transitorio y que seguramente culminará con una devaluación en cierto lapso, agudiza el control del "perro fiscal",
hace olvidar a la Presidenta su amistad con el Sr. Mujica y nos somete directamente a juicios adversos de autoridades e instituciones a las que el mundo presta atención. Ya se viven consecuencias del embate argentino contra inversores en nuestro país.
QUÉ HACER. La evidencia empírica es terminante: en 21 años el Mercosur no ha funcionado para Uruguay. Nuestros empresarios, trabajadores y en general todo el pueblo uruguayo merecen un cambio de rumbo de nuestra política comercial para que se alcance el objetivo que planteaban en 1991 las partes contratantes: que el aumento del comercio provocase el mejoramiento del bienestar general. El nuevo rumbo pasa por reducciones graduales del arancel externo para importaciones de fuera del Mercosur; por acuerdos comerciales de libertad de movimientos de exportación y de importación con distintas naciones; por acuerdos de complementación industrial con otros países y por otras cosas por el estilo. Tal cual primero Aladi, de la que nadie se acuerda, el Mercosur es hoy para Uruguay un nuevo elefante blanco.
Y en lo financiero el rumbo es más que una abroquelada, pero inútil defensa, frente a jueces internacionales en instituciones con países que escuchan más a la Argentina que a Uruguay, una ofensiva criteriosa. Que muestre que los problemas de los inversores argentinos que vienen a nuestro país y que acá tributan, son consecuencia de las malas prácticas macroeconómicas y del avasallamiento que les impone un gobierno que fomenta la corrupción y el patoterismo y que poco a poco perderá el delicado equilibrio que día a día requiere más obstrucciones al buen funcionamiento de los mercados.

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