Idoneidad no es legitimidad



JULIO PREVE FOLLE 

Es conocida mi oposición a la enunciada política de suelos por su agravio a la libertad, por lo que supone de inventar fines sociales donde no los hay, por hacer del suelo un becerro de oro para ecólatras, y especialmente por lo que implica de desconfianza en la gente, a la que no se la cree capaz de tomar decisiones responsables. Convertir a otra oficina del Estado, además de la Dinama, de la que escribí la semana anterior, en censora del derecho de propiedad, me parece un grave abuso institucional que además implica un agravio a la madurez de los uruguayos, que con excepciones han demostrado sensibilidad para el cuidado del suelo. Pero el tema se agrava porque, en un nuevo desorden institucional, se plantea derivar a una corporación privada, a un gremio profesional, buena parte de la responsabilidad, estableciendo una categoría afín a este gobierno pero de neto cuño intervencionista: la acreditación oficial para ejercer alguna actividad o profesión. 




PLANES DE USO. Cuando está en juego la libertad no hay temas menores. Alguno quizás pueda pensar que cuando se quiere cuidar el suelo o preservarlo de la erosión, bien vale desplazar a la gente de sus decisiones, cuidarla de sí misma, confiar más en los muchachos que contrate el MGAP que en los productores uruguayos; y que la libertad acaso ni se dé cuenta que la están violando. Estos planes de uso, que constituyen un permiso previo para desarrollar una actividad agrícola en el campo propio, deben convertirse en recomendaciones o sugerencias, si hay buena voluntad en cooperar con los ciudadanos y no simplemente deseo de sustituirlos. Por otra parte va quedando claro que la base científica para prohibir a alguien realizar una actividad determinada en base a potenciales daños es insuficiente, y llevaría en un extremo a dejar la ganadería en Vichadero, o a eliminar la agricultura en múltiples zonas incluyendo la caña de azúcar en Bella Unión. Es que la ecuación universal de pérdida de suelo, que pretende dar una idea bastante precisa de daños frente a determinadas circunstancias en situaciones promedio, no se inventó para dotar de seguridad total a decisiones de política pública, y es discutida en sus alcances por los propios especialistas.
Es equivocado situar la conservación del suelo en el predio de un ciudadano como valor máximo. Y más lo es no entender que ese ciudadano puede querer correr el riesgo de sobreexplotar su recurso, plantar otro año de algún cultivo, y con su producido pagar un tratamiento oncológico en otro país, o un posgrado a su hijo. Si no se entiende que este productor tiene el derecho de arriesgarse a golpear un poco su suelo porque ha resuelto que un hijo o un tratamiento son un bien superior, si no se entiende esto, si se cree que el cuidado del suelo está por encima de esta tipo de decisiones, entonces se habrá producido el descalabro total del derecho de propiedad y de la libertad individual. Dicho sea al pasar me parece desdichado el silencio que en este tema ha caracterizado hasta ahora a la Asociación Rural del Uruguay.
Subrayo además que los planes imperativos lo son en base a una ciencia dudosa, y agregando costos enormes que en realidad son impuestos, cuando el país agrícola no los soporta más. Ello asegura por otra parte múltiples juicios contra el Estado para los que muchos profesionales se están preparando. 

CORPORATIVISMO. Pero esta política, que debe rechazarse por todo lo anterior, se encamina a agregar otros temas casi peores que el permiso previo. Me refiero a las acreditaciones y al corporativismo. En el primer caso, todas las acreditaciones caso a caso, hombre a hombre, suponen un grave intervencionismo que no lo es menos si se refiere al cuidado del suelo. Según trascendió, para realizar estos planes de uso del suelo habría que acreditarse previamente, no alcanzaría con ser profesional, sino que habría que inscribirse en el MGAP conforme a su consentimiento. Quiere decir que el ministerio ya no sería solo el árbitro de qué producir, sino de quién podría elaborar esos famosos planes. Parece bueno que se capacite a los que lo deseen a usar herramientas modernas, y más aun que el ministerio se involucre en temas de capacitación. Lo que resulta inadmisible es -otra vez- el camino de lo imperativo, y que el MGAP se erija en árbitro de quién puede trabajar. No es una novedad; este tema de las acreditaciones existe por ejemplo para ser importador de frutas y verduras y mala cosa sería encogerse de hombros pensando que esta muestra de desborde institucional sobre la libertad de trabajo, lo es en tema de poca monta. Nadie sabe por ejemplo en base a qué el MGAP acepta o rechaza la calidad de importador hoy, o de fabricante de planes de uso del suelo mañana. Pero el tema es peor porque según parece el MGAP le daría esta facultad a la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) que no tiene ninguna norma que la habilite a limitar la libertad de trabajo. Esto es corporativismo puro, un tema muy afín a los gobiernos socialistas: la entrega de poder a las corporaciones que hay que rechazar, sean ellas empresariales o de trabajadores. Así pues está mal que la enseñanza o la banca las maneje el Pit-Cnt, y está igual de mal que para importar algunas cosas haya que conseguir un permiso en la Cámara de Industrias o, en este caso, en la AIA.
En todos estos casos de corporativismo se confunde idoneidad con legitimidad, que son cosas muy diferentes. La opinión de un gremio, de una asociación profesional puede asegurar, a veces, idoneidad; pero la legitimidad es otra cosa y no deriva de un sindicato, sino de las formas que en democracia se ejerce la representación. Por eso si está mal el permiso previo para plantar, peor es que para pedirlo haya que acreditarse primero y, todavía peor, que en ello tenga intervención una organización gremial idónea pero sin legitimidad.
OTRO CAMINO. He señalado otras veces que creo en la buena fe de quien conduce todo este tema. Pero de una buena preocupación por el recurso suelo ha pasado a meterse en temas de libertad individual, derecho de propiedad, libertad para elegir el futuro de cada uno, libertad de trabajo, legalidad y corporativismo. Se trata de temas demasiado serios como para que queden en manos de expertos en suelos. El MGAP debe cambiar pues los verbos que conjuga. Hay que cambiar obligar, intervenir, sustituir, acreditar, por: convencer, informar, persuadir, ayudar, asesorar. Ese es el camino y en él con seguridad nos vamos a encontrar.

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