En los mismos países en los que se registran las tasas más altas de
asesinatos por violencia de género y las mayores proporciones de
embarazos adolescentes, las mujeres han logrado los más espectaculares
niveles de participación política femenina del mundo. Latinoamérica, un
subcontinente marcado por la desigualdad, pero también por el éxito
económico en plena crisis, maltrata a sus mujeres y, al tiempo, estas
están alcanzando unas cuotas de poder desconocidas incluso en la mayor
parte de los países europeos, donde, por ejemplo, aún no han conocido a
una presidenta o primera ministra electa, algo que en esta zona del
planeta quedó ya inaugurado en 1990 con Violeta Chamorro en Nicaragua y que hoy empieza a ser un hecho poco menos que ordinario.
En este momento, el 40% de la población del subcontinente americano está gobernado por mujeres: Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Laura Chinchilla
en Costa Rica. Se postula con posibilidades para ocupar la presidencia
de la república la mexicana del partido gobernante, PAN, Josefina Vázquez Mota.
En caso de que en julio ganara las elecciones, el porcentaje de
ciudadanos latinoamericanos gobernados por mandatarias se elevaría al
60%. De nuevo, el gran contraste latinoamericano quedaría más al
descubierto siendo México un país en el que aún hay Estados que
justifican los crímenes por honor y en el que hay zonas donde las
mujeres son perseguidas, torturadas y salvajemente asesinadas en
aquelarres de sangre que están devastando a una parte importante del
país.
Al margen de la extrema violencia en la que ha sumido el narcotráfico
y la corrupción a algunas regiones, México registró en 2009 un total de
1.858 asesinatos machistas, una cifra del Instituto Nacional de las
Mujeres que no figura, sin embargo, en las estadísticas oficiales que
recopila la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe). En tales
estadísticas se observan elevadísimos índices de muerte de mujeres a
manos de su pareja o expareja, con récords impresionantes en países como
San Vicente y las Granadinas, Uruguay y la República Dominicana.
En México, a la violencia de género se une el asesinato de mujeres
fuera del ámbito familiar en lo que se conoce como feminicidio, un
fenómeno que conmociona al mundo entero y por el que el Gobierno de la
república ha sido condenado por no perseguir a los culpables ni proteger
suficientemente a las víctimas por parte de la Corte Iberoamericana de
Derechos Humanos. En ese mismo país las mujeres gozan hoy de un tirón
electoral incuestionable, razón por la cual Josefina Vázquez Mota parece
verse obligada a advertir: “No quiero llegar a la presidencia solo por
ser mujer, sino por lo que propongo”.
¿Cuál es la razón de que en Latinoamérica haya un contraste tan
pronunciado sobre el estatus de las mujeres?“ Ah, esa es la pregunta del
millón”, responde María Jesús Aranda, exdefensora del pueblo de Navarra
y ahora asesora de género de la Segib
(Secretaría General Iberoamericana). Es la pregunta del millón porque
Aranda no cree que los patrones machistas de Latinoamérica sean
distintos de los del resto del mundo. Señala el alto índice de abandono
escolar, la alta mortalidad materna (relacionada por lógica con esa
carencia educativa) y la ausencia de datos suficientes para conocer en
profundidad, por ejemplo, el fenómeno del feminicidio, que la Segib está
analizando. Tampoco hay datos exhaustivos todavía para saber si la
violencia contra las mujeres está en aumento o, por el contrario,
decrece. De momento, sobre el feminicidio solo hay una foto fija, aunque
algunos análisis señalan que hay un repunte importante, sobre todo en
el llamado triángulo negro (El Salvador, Honduras y Guatemala), una zona
(junto con México y Costa Rica) en la que se registra un boyante
mercado regional de explotación y trata de mujeres.
Junto a realidades sociales de una crudeza pavorosa, hay datos muy
positivos que mueven a la esperanza. Aranda habla de la mejora educativa
de las latinoamericanas. María Emma Mejía, exministra colombiana de
Educación y de Exteriores y ahora secretaria general de Unasur
(Unión de Naciones Suramericanas), también lo destaca. “En educación
superior se ha superado a los hombres. El 53% de los universitarios son
mujeres. Estas están ocupando puestos de poder muy importantes y cuando
eso sucede se producen los cambios legislativos más importantes. El caso
de Michelle Bachelet en Chile es ejemplar a este respecto. Durante su mandato se hicieron logros sin precedentes, como el derecho al divorcio”.
Bachelet, tras una dura batalla, logró también que se aprobara el uso
de la píldora del día siguiente para reducir el número de embarazos
adolescentes, un fenómeno que lastra profundamente las expectativas
vitales femeninas. Pero las derrotas de mandatarias como la chilena para
mejorar las condiciones de vida de la población femenina son también
sonadas. En plena campaña electoral, Dilma Rousseff concedió una
entrevista a Marie Claire en la que afirmaba que el aborto es
“una cuestión de salud pública” y añadió que hay demasiadas mujeres en
Brasil que mueren por abortar en circunstancias precarias. La presión de
los católicos y de las iglesias evangelistas le obligó a desdecirse y a
renunciar a cualquier proyecto de despenalizar el aborto en un
subcontinente en el que solo hay ley de plazos en Cuba y Ciudad de
México y en el que los casos de adolescentes violadas y obligadas a ser
madres no son extraordinarios. Ocurre, aunque no solo, en la Nicaragua
de Daniel Ortega, donde ni siquiera se puede recurrir al aborto en caso
de violación. En Argentina, Cristina Fernández ha logrado legalizar el
matrimonio homosexual, pero el Parlamento ha rechazado finalmente la ley
de plazos que hubiera permitido el aborto y puesto freno a la sangría
de los abortos clandestinos. En Latinoamérica mueren cada año 4.000
mujeres en los cuatro millones de abortos ilegales que se registran. Los
índices de maternidad adolescente son elevadísimos. Los de Nicaragua,
Honduras o Panamá (los más altos de Iberoamérica) casi multiplican por
10 los que se registran en España o en Portugal, según los datos del
Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
Detrás del yugo que oprime a las latinoamericanas está la férrea
alianza entre la Iglesia y las clases dirigentes. La presión social es
tan fuerte que, según la periodista de Clarín Matilde Sánchez
(artículo de EL PAÍS del 10 de febrero de 2011), lleva a la paradoja de
que las mujeres tengan poder, pero no disfruten a nivel social de
auténtica igualdad debido a la estructura conservadora de las familias y
el papel de la mujer dentro de ellas.
Para Walda Barrios-Klee, asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas,
la extraordinaria violencia que sufren las mujeres sería achacable, sin
embargo, a su mayor independencia. Su mayor protagonismo en las esferas
de poder, según María Emma Mejía, se debe a una férrea voluntad
política (11 países han establecido cuotas femeninas) y a la peculiar
fuerza de las latinoamericanas. “Recuerdo que durante las negociaciones
de paz [en Colombia] tuve mucho contacto con el medio rural y es verdad
que ahí a las primeras que sacaban de la escuela era a las niñas, pero
también que casi la totalidad de los liderazgos sociales contra los
narcotraficantes, por ejemplo, eran femeninos”, cuenta Mejía.
Frente a la corrupción (principal generadora de la extrema violencia)
que azota algunas áreas de América Latina, las mujeres son percibidas
por las poblaciones de los distintos países como buenas gestoras. Los
sondeos realizados por la CEPAL demuestran una opinión favorable hacia
el liderazgo femenino, que intentan frenar, sin embargo, los grandes
partidos, según datos de esas mismas encuestas. “Se las percibe como más
eficaces, más comprometidas y más comprensivas”, puntualiza Mejía,
“algo que yo creo que es universal y veo también en el liderazgo de
Angela Merkel en Alemania, por ejemplo”.
Ellas pueden ser implacables también contra las irregularidades, y a
este respecto se utiliza el ejemplo de la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, que ha soportado la difícil prueba de prescindir durante su
primera etapa de mandato de hasta siete ministros acusados de
corrupción.
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